/// la ciudad de Buenos Aires, a los     7    días del mes de marzo de 2013, se reúnen los integrantes de esta Sala VI y el Secretario Autorizante, para tratar los recursos de apelación interpuestos a fs. 1881/1886 por las defensas de M. A. C. , a fs. 1887/1891 de R. A. A. , J. R. M. y J. C. Y. y a fs. 1892/1907 de A. H. C. , contra el auto de fs. 1850/1876 en cuanto decretó: A) El procesamiento de A. H. C. como coautor de los delitos de cohecho pasivo reiterado (hechos 1 al 5), asociación ilícita en calidad de co-organizador (hecho 6) y enriquecimiento ilícito (hecho 7), en concurso real entre sí, y mandó trabar un embargo sobre sus bienes o dinero hasta cubrir la suma de $115.069,67 (puntos I y III, respectivamente); B) El procesamiento de R. A. A. en calidad de coautor de los delitos de cohecho pasivo reiterado (hechos 1 al 5) y asociación ilícita en calidad de co-organizador (hecho 6), los que concurren materialmente entre sí (punto IV); C) El procesamiento de M. A. C. como coautor de los delitos de cohecho pasivo reiterado (hechos 1 al 5), asociación ilícita en calidad de co-organizador (hecho 6) y enriquecimiento ilícito (hecho 8),en concurso real entre sí, y mandó trabar un embargo sobre sus bienes o dinero hasta alcanzar la suma de $115.069,67 (puntos VII y IX); D) El procesamiento de J. R. M. en condición de coautor de los delitos de cohecho pasivo reiterado (hechos 1 al 5) y asociación ilícita en calidad de partícipe (hecho 6), en concurso real entre sí (punto X) y E) El procesamiento de J. C. Y. como coautor penalmente de los delitos de cohecho pasivo reiterado (hechos 1 al 5) y asociación ilícita en calidad de partícipe (hecho 6) los que concurren materialmente entre ellos (punto XIII).
	AUTOS:
	Celebrada la audiencia y tras la deliberación pertinente, estamos en condiciones de expedirnos.-
	Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
	I.- Hechos
	Se adjudica a A. H. C. , R. A. A. , M. A. C. , J. R. M. , J. C. Y. y otra persona no identificada llamada “J. ”, haber participado mientras revestían en la Comisaría ….ª de la Policía Federal Argentina -PFA-, en la maniobra por la que recibieron dinero a cambio de brindar custodia especial, con conocimiento de la ilegalidad de dicha orden, a los supermercados: “….” ubicado en la calle “….”, cuyo encargado D. L. entregaría la suma de mil pesos ($1.000) mensuales (hecho 1); ““….”” sito en “….” (hecho 2); “La torre de la inmortalidad” con domicilio en “….” (hecho 3); “….” ubicado en  “….” (hecho 4) y el que se encuentra en la calle “….” (hecho 5), todos de esta ciudad. 
	 Además, conformar, como organizadores o partícipes, una asociación ilícita destinada a cometer delitos durante el lapso en que integraron dicha dependencia policial (hecho 6).
	A C. y C. se les atribuye no haber justificado su enriquecimiento, obtenido por el primero durante los años 2005 y 2006 y por el segundo en el 2007 (hechos 7 y 8).
	II.- Agravios
	II.a.- Defensa de M. A. C. 
	Postuló que la decisión carecía de motivación y era arbitraria por presentar vicios sustanciales y marcadas contradicciones.
	También que se apoyaba exclusivamente en las versiones de N. T. G. y de D. M. F. , y que la de la primera no podía ser tenida como válida pues, como concluyó el Cuerpo Médico Forense, que presentaba una personalidad fabuladora. Respecto de F. explicó que sólo abundó en críticas hacia las tareas que le ordenaban sus superiores jerárquicos. 
	Destacó que no existían testigos ni otro elemento de prueba que avalara su postura y que no daba suficiente cuenta de la supuesta entrega de dinero por parte de D. L. y de su colecta por parte de M. e Y. .
	Agregó que en los comercios hubo en algún momento personal policial realizando funciones de prevención pero no se estableció que estuvieran motivadas en una entrega de dinero previa.
	Refirió que no se explicó cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancia y, concretamente, quienes habrían pasado a C. negándose la posibilidad de carearse con los propietarios de los supermercados.
	Subrayó que su defendido nunca compartió funciones junto a C. ya que estuvo asignado a la seccional desde fines de 2005 y hasta los últimos días de 2006, lo que impide sustentar la imputación por el delito de asociación ilícita.
	En lo que atañe al hecho 8 señaló que la diferencia declarada entre los ingresos y los egresos asciende a mil quinientos ochenta y cuatro pesos con ochenta y tres centavos ($1584,83), que por su escasa significación escapa al tipo penal y no perite sustentar una ocultación maliciosa. 
	Criticó el embargo dispuesto por que no responde al contenido del legajo, ni especificó el importe correspondiente a cada uno de los rubros.
	II.b.- Defensa de R. A. A. , J. R. M. y J. C. Y. .
	Comenzó mencionando que la imputación efectuada a sus asistidos era incierta y que no reunía los requisitos mínimos para ejercer adecuadamente la representación de sus pupilos procesales.
	Así, en los hechos 2, 3, 4 y 5 no se mencionó el monto recibido ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían sido entregados. En el 1 se lo tuvo por acreditado en base a las magras manifestaciones brindadas por G. , quien tenía la firme intención de perjudicar a D. L. 
	Además, la actitud demostrada por Y. al hablar con A. fue meramente rutinaria y no aportó elemento de convicción alguno, máxime cuando no convalidó lo dicho por la denunciante.
	Por su parte, F. hizo referencia a “J. y J. ”, sin que pueda inferirse que se alude a J. R. M. , quien para entonces se desempeñaba como chofer del comisario C. , destacando que a fs. 296, se hizo referencia al jefe de la comisaría, cargo que no ocupa ninguno de sus defendidos.
	Explicó que Aldana no estuvo encargado de instruir la queja efectuada por M. y era sugestivo que no se hubiera citado a declarar a los agentes Y. y A. cuya presencia fue detectada en los supermercados de Q. y L. , a los dueños y empleados de los comercios indicados en los hechos 2, 3, 4 y 5.
	También desechó las llamadas telefónicas como prueba suficiente ya que estando los comercios ubicados en una zona de alto índice delictivo es probable que hayan requerido una especial protección .
	Puntualizó que no se acreditó la asociación ilícita al no establecerse la actividad de cada uno de los afectados ni el ánimo asociativo pues, fuera de sus funciones en la seccional, no existía otro vínculo.
	II.c.- Defensa de H. A. C. 
	Comenzó mencionando que las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los delitos que se le adjudican a su defendido se basan en generalizaciones y apreciaciones subjetivas.
	Luego repitió idénticas criticas de otros codefensores en torno al cohecho pasivo y prosiguió explicando que la investigación del patrimonio de C. fue parcial, ya que debió abarcar un período más extenso y afectó la garantía que veda la autoincriminación.
	Hizo hincapié en que al momento en que C. asumió funciones en la comisaría los eventos ya se habían dado tiempo antes durante la jefatura de C. y al enfermar éste, A. y C. . Por ende, de existir un pacto previo, aquél lo desconocía. Además, existiendo un segundo jefe que se encargó de los quehaceres de la comisaría hasta su arribo dada la licencia de C. , era lógico que dejara muchas cosas en sus manos, como la asignación de paradas y su control.
	Mencionó que el decisorio no indica qué función concreta cumplió su asistido sino que se apeló a un sistema de “responsabilidad refleja” en base a sus tareas en la comisaría.
	En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito sostiene que se omitió arrimar varios informes que permitirían comprender mejor las circunstancias que rodearon los hechos por lo que el estudio fue parcial al no tenerse en cuenta otros informes sobre remuneraciones como los recargos de servicios o adicionales u otros de su entorno familiar. Es por ello que postuló la existencia de una consignación errónea de su patrimonio. 
	Finalmente, a su entender, el embargo no fue fundado y es irrazonable, especialmente ante la certeza de que no habrá reclamo civil dada la inexistencia de perjuicio económico.
	III.- Valoración
	A) Los Dres. Mario Filozof y Ricardo Matías Pinto dijeron:
	1.- Destacamos que han transcurrido más de seis años desde el inicio de estas actuaciones (7 de abril de 2006), retraso que se ve acompañado de una magra colecta probatoria, y si bien no escapa a los suscriptos que en sucesos de la naturaleza del aquí tratado la investigación resulta especialmente dificultosa, es necesario imprimirle un mayor impulso para evitar nuevas dilaciones, dar término al estado de incertidumbre en el que se encuentran los imputados y esclarecer un hecho de gravedad y relevancia institucional.
	2.- Analizado el legajo, advertimos la presencia de vicios que afectan seriamente su trámite.
	Así, al momento de recibírse declaración indagatoria a A. H. C. , R. A. A. , M. A. C. , J. R. M. y J. C. Y.  (fs. 733/736, 737/739, 740/742, 752/753, 757/758, 1691/1694, 1695/1698, 1703/1705, 1754/1756, 1847/1849) verificamos se ha incurrido en una redacción defectuosa de los hechos 1 al 6 que imposibilitan el correcto ejercicio de la defensa.
	En lo que aquí interesa se imputó “Haber participado, junto a otra persona del sexo masculino de nombre “Jorge” aún no identificada, en el período durante el cual revistieron en la Comisaría 49ª de la P.F.A., en la maniobra mediante la cual recibieron [del propietario del supermercado respectivo] una suma dineraria mensual en circunstancias de modo y lugar que se desconocen, a cambio de que se dispusiera una custodia especial durante el horario en el cual el mismo permanecía abierto. Así la participación de los imputados consistió en organizar y/o cumplir y asegurar la custodia dispuesta respectivamente, teniendo conocimiento de la ilegalidad de dicha orden”.
	No se explicó la ilicitud de la supuesta orden ya que si bien un policía no debe cobrar a los particulares por la realización de una actividad propia de sus funciones, no ha sido precisado que justamente no derivaba de ella sino con que era producto de una exigencia indebida. 
	Inclusive la descripción efectuada parece estar orientada hacia la provisión de servicios adicionales que serían cobrados en forma particular por los implicados, lo que tampoco surge de la redacción de la imputación.
	El pago de dichos “adicionales” a la PFA no constituye un acto ilegal o ilegítimo y lo que estaría dando dicha pauta es el hecho de no efectuarlo por los causes institucionales establecidos para ello, lo que, insistimos, tampoco se desprende del relato del hecho tal y como quedara plasmado en las actas respectivas.
	En definitiva, la descripción de la conducta es vaga e indeterminada pues no se dio a conocer el cobro de dádivas o cuál fue la ilegalidad de relevancia penal cometida.
	Existió una imprecisa imputación pues no se especifica el aporte de cada imputado en la maniobra presuntamente ilícita; no define el momento en que se desarrolla, en los lugares, y tampoco el monto de dinero que habrían cobrado en los hechos 2 al 5. Esta indeterminación afecta la defensa en juicio porque no establece el hecho reprochado (artículos 298 y cc. del Código Procesal Penal de la Nación). 
	Tal hacer conculca elementales garantías ya que se impidió conocer en forma acabadamente la acción delictiva en que se habría incurrido afectando así el derecho de defensa -artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- (en igual sentido ver causas n° 1056-2012 “Khan Machammad, SaSahidul Islam”, rta. el 30/8/2012 y n° 41294, “Naistat, Ariel Eduardo”, rta. 11/5/2011).
	Recordemos que “…como se trata de hacer conocer la imputación, el acto por el cual se le intima debe reunir las mismas calidades que advirtiéramos para aquélla; debe consistir, así en la noticia íntegra, clara, precisa y circunstanciada del hecho concreto que se atribuye  al imputado. No se cumple esta condición de validez si sólo se advierte sobre la ley penal supuestamente infringida, o se da noticia del nomem iuris del hecho punible al imputado, o se recurre, para cumplir la condición, a conceptos o abstracciones que no describen concretamente la acción u omisión atribuida, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la definen como un comportamiento singular de la vida del imputado” (Maier, Julio B. J. “Derecho procesal penal. Tomo 1. Fundamentos”, editores del Puerto, 2° edición, Buenos Aires 1996, p. 560,).
	En igual sentido “El debido proceso y la inviolabilidad de la defensa importan un amplio espectro de exigencias que devienen como consecuencia. Si convenimos que defensa es resistencia a un ataque, no habrá aquélla sin éste. Aún antes del debate, que implica el momento central del proceso penal, el derecho a ser oído que tiene el acusado deviene imposible si no se conoce el motivo que lo vincula como sujeto pasivo del mismo. Su defensa personal o material requiere conocer entonces la causa fáctica que da origen a una incriminación en su perjuicio, único modo de poder responder dando las razones del caso: exculpaciones, descargos, negociaciones o demás explicaciones que correspondan, derecho éste que surge directamente de su estado de inocencia” (Jauchen, Eduardo M. “Derechos del imputado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 363).
	Iguales críticas corresponde efectuar con relación a la descripción del hecho 6 pues no sólo los defectos apuntados impiden conocer los delitos atribuidos, sino que la imputación se limitó a ellos sin referencia alguna a la indeterminación, a la estabilidad y a la perdurabilidad en el tiempo de la asociación, extremos requeridos por el aspecto objetivo de la figura.  
	Inclusive, si bien se indicó que “Para ello, utilizando los recursos de la Comisaría 49ª de la Policía federal Argentina, exigían el pago de una suma dineraria mensual a los diferentes propietarios de los supermercados aludidos -que en  algunos casos ascendía a la suma de mil pesos ($1.000)-, a fin de que cuente con la custodia policial pactada y recaudar el dinero estipulado”, tal referencia no completa la imputación por los hechos precedentes y se le pueden dirigir las críticas arriba plasmadas.
	De tal modo pierde sustento la imputación relativa a la comisión del delito de cohecho.
	En lo atinente al delito de enriquecimiento ilícito adjudicado a C. y C.  (hechos 8 y 9) observamos que se omitió intimarlos para que justifiquen el supuesto enriquecimiento, aspecto que es requisito de la figura típica (artículo 268 inciso 2° del Código Penal).
	El delito requiere que el enriquecimiento del funcionario resulte apreciable. Así se ha señalado: “El enriquecimiento será apreciable a los fines del tipo de enriquecimiento ilícito cuando resulta considerable con  relación a la situación económica del sujeto al momento de asumir el cargo y no esté de acuerdo con las posibilidades de evolución normal de aquella durante el tiempo de desempeño de la función” (cfr. CCC, Sala de Feria A, causa “Pico, José” rta. el 15/1/1998 “Pico, José”, LL 1998-F-733, citado en TOF n° 4, causa n° 648 “A., M. J.”, rta. el 31/5/2004, Publ. en Revista de Derecho Penal, 2004-2 “Delitos contra la Administración Pública II”, Ed. Rubinzal-Culzoni), cuestión no aclarada por la pericia.
	Además para no afectar el derecho a no autoincriminarse la figura debe ser interpretada en el sentido de que esta injustificación “…no es, por definición, la que proviene del funcionario cuando es requerido para que justifique ese enriquecimiento, sino la que resulta en principio de la comprobación  -en base a las pruebas colectadas en el juicio- de que no encuentra sustento en los ingresos registrados del agente y, en definitiva, cuando ese aumento del patrimonio excede crecidamente y con evidencia las posibilidades económicas provenientes de los ingresos legítimos del sujeto, es decir, sin justa causa comprobada” (CNCP, Sala IV, causa n° 4787 “Alzogaray, María Julia”, rta. el 9/6/2005, Registro n° 6674.4).
	Por otro lado se advierte que el Fiscal no le efectuó la intimación previa a los imputados para que justifiquen el incremento patrimonial ni se advierte que ello lo haya hecho algún órgano administrativo. Por lo cual, la ausencia de este elemento previo a la indagatoria, le quita sustento a ese acto procesal que a su vez se motivó en una pericia sin fundamentos.
	Por lo cual no puede ser el Juez de la causa quien realice la intimación requerida por el tipo penal al probarse el enriquecimiento apreciable por cuanto resulta ser un tercero imparcial. Sólo excepcionalmente podría darse este supuesto en el caso de que se advierta que el imputado pudo ejercer sin limitaciones su defensa en juicio como en el caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Alzogaray, María Julia”, rta. el 22/12/2008 (Fallos 331:2799).
	Por tal motivo el acta de indagatoria del ritual, en lo referente a estos episodios también resulta nula al afectar la defensa en juicio del imputado (artículo 18 de la Constitución Nacional y 166 del CPPN).
	Por todo lo expuesto encontrándose comprometidos principios, derechos y garantías de raigambre constitucional habremos de declarar la nulidad de las indagatorias obrantes a fs. 733/736, 737/739, 740/742, 752/753, 757/758, 1691/1694, 1695/1698, 1703/1705, 1754/1756, 1847/1849 y, dada su íntima conexión, del auto de fs. 1850/1876, los puntos I al XVI (artículo 167 del catalogo de rito).
	Ello así, al alcanzar lo resuelto el evento por el que D. L. se encuentra procesado como autor de tal delito en su modalidad activa (hecho 10) y en atención a la manda del artículo 441 del Código Procesal Penal de la Nación) la nulidad alcanza el auto en tal aspecto, por lo que el punto XVII será parcialmente nulificado quedando vigente la decisión adoptada exclusivamente en torno al abuso sexual (hecho 9) el que no fuera materia de recurso.
	3.- Como consecuencia de la dilación apuntada y la nulidad aquí resuelta corresponde apartar a la Sra. Juez (artículo 173 del código de rito).
	4.- Sin perjuicio de ello, amén de toda otra diligencia que el instructor sorteado estime pertinente y útil realizar, y siendo menester aplicar el debido impulso a la investigación es necesario extremar los medios para dar con el paradero de R. A. A. y escuchar su versión respecto a las presiones que según G. , habría recibido, el motivo de la conversación que mantuviera con  “(…)” de abril de 2006 y todo otro dato de interés que pueda aportar. 
	También deberá requerirse a la PFA la remisión de las constancias de los Estados de Cuadros de la Seccional 49ª de los días 19, 26 de abril y 4 de mayo de 2007 para conocer si estaban indicadas las paradas de vigilancia detectadas a fs. 158, 191, y 208.
	Corresponde llamar a prestar declaración bajo alguna de las formas establecidas en el código a los propietarios y empleados de los Supermercados y realizar una rueda de reconocimiento con la intervención de G. y F. para que señalen si J. R. M. es la persona que junto a “J. ” se encargaba de llevar adelante la recaudación en ellos.
	Además, deberá ampliarse la pericia contable a fin de que los peritos expliquen acabadamente las operaciones lógicas y técnicas efectuadas, y las razones que sustentan sus conclusiones.
	B) El Dr. Julio Marcelo Lucini dijo:
	Comparto con mis distinguidos colegas de Sala la necesidad de dotar de gran impulso a la pesquisa y de apartar a la magistrada, por lo que nada agregaré en tal sentido
	En lo que atañe a la valoración de los eventos discrepo con la solución propiciada por las razones que paso a exponer. 
	1. No debe tener favorable acogida el planteo de arbitrariedad formulado por los letrados de confianza de A. H. C. y M. A. C. pues no se advierte vicio alguno en la estructura lógica de los argumentos en que se sustentó el temperamento adoptado (artículos 123 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación).
	2.- Sólo estimo prudente homologar el procesamiento de todos los implicados por el hecho 1 correspondiente al delito de cohecho pasivo (artículo 258 del mismo cuerpo normativo).
	3.- Veamos. N. T. G.  (fs. 8/12, ) y D. M. F.  (fs. 281/283, ) fueron contestes en señalar que el personal de la Comisaría 49ª de la PFA recibía dinero de parte de los propietarios de los supermercados a cambio de disponer una custodia policial exclusiva.
	En especial, la primera mencionó que D. L. le había comentado que aportaba mil pesos ($1.000) mensuales.
	Si bien los recurrentes se esmeran por sustentar que sus dichos no pueden ser tenidos en cuenta dados los indicios de fabulación que presenta en su estructura psíquica, nada permite inferir que esta causa sea producto de una manifestación psicológica de tal tipo y, en definitiva, su testimonio no es sino un elemento mas a valorar en conjunto con las restantes evidencias.
	Además, sin perjuicio de la necesidad de ampliar sus dichos, se cuenta con el testimonio de R. A. A.  (fs. 28/29) quien comentó que el personal de la brigada se presentaba en el mercado una vez por semana y conversan con los dueños.
	A su vez en la trascripción de las conversaciones telefónicas efectuadas en idioma chino desde el teléfono instalado en el comercio ya mencionado quedó constancia que la comisaría había informado sobre la intervención del teléfono y que la policía podría ayudarlos con un inconveniente en relación a un individuo llamado “(…)” a cambio de dinero (fs. 286/357).
	A lo expuesto se suma que del entrecruzamiento de llamadas entre el supermercado “(…)”  y los teléfonos móviles de los imputados, los utilizados por Y.  (n° 1166003622 y 1155624112) registran un total de 46 entre los años 2005 y 2008 (fs. 1719/1752).
	Inclusive, el 29 de abril de 2004 Y. mantuvo una conversación con R. A. A. relacionada con el abuso sexual por el que se encuentra procesado D. L.  (ver fs. 89/112), lo que demuestra un interés por la suerte que corría la imputación dirigida a éste.
	Finalmente, conforme consta a fs. 208/vta., el nombrado fue visto cumpliendo funciones de vigilancia en la puerta de acceso al local el 4 de mayo de 2007.
	El análisis global de las piezas de convicción colectadas de acuerdo al criterio legislativamente imperante de la sana crítica (artículos 241, 263 y 398 del ceremonial) entendido como “la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado” (CSJN, c. 1757, XL, “Casal, Matías Eugenio”, rta. el 20/9/2005) o, dicho de otro modo, la exigencia de que “…el tribunal exprese su convicción y, además, que funde esa convicción a través de argumentos racionales que tengan en cuenta los diferentes elementos de prueba válidamente incorporados al proceso” (Alberto Bovino “Principios políticos del procedimiento penal”, pág. 93 y ss., Ed. Estudios del Puerto, 2005), me permiten sustentar, con el grado de provisoriedad requerido en esta etapa del proceso, la materialidad del hecho 1.
	En efecto, se demostró que Y. mantenía asiduo contacto telefónico con el supermercado, pudiendo ser quien oficiaba como nexo entre la Comisaría y el local, y que estuvo encargado de llevar adelante vigilancias en el lugar.
	Dicha cuestión no podía pasar desapercibida para las autoridades de la Seccional 49ª (C. y C), quienes estaban encargados de distribuir las postas de vigilancia, dependiendo de quien estuviera a cargo en ese momento, por lo que es dable suponer que administraran los recursos para cubrir estos “adicionales” por los que, en principio, cobraban una suma de dinero por fuera de los cánones institucionales.
	Tampoco serían ajenos A. , quien se encargaría de revisar que se cumplieran con las tareas de vigilancia ofrecidas a cambio de dinero, ni J. R. M. quien sería la persona que junto con “J.” se encargaba de su recolección, función que bien podría realizar en el rol de chofer que desempeñaba en la Seccional. 
	Por ende, encuentro razonable mantener su situación procesal (articulo 306 del catálogo de rito).
	4.- 	Dada la reducción momentánea de la base imputativa y analizada nuevamente la cuestión a la luz del artículo 518 de la ley ritual, asiste razón a las defensas respecto a la desproporción de los embargo por lo que estimo adecuado estipularlo en la suma de treinta mil pesos ($30.000), comprensivos de las costas originadas y las que pudieran devenir en el curso de la pesquisa y la eventual indemnización civil que pudiera reclamarse. 
	A este respecto, el carácter provisorio de la medida como protección potencial a los derechos de los perjudicados -en este caso los particulares y la PFA al no poder contratar directamente con aquellos el servicio adicional- ante la posibilidad de que ejerzan la acción civil, por lo que las críticas formuladas por la parte pierden relevancia. 
	5.- Distinta solución procede respecto de las restantes imputaciones (hechos 2 al 8). 
	Pese al tiempo que ha insumido hasta el momento la pesquisa (mas de seis años) se advierte una alarmante orfandad probatoria que, paradigmáticamente, torna prematuro al decisorio en relación a los restantes sucesos, lo que exige agotar la pesquisa para lo cual considero prudente realizar las diligencias detalladas en el punto 4 del voto que antecede.
	En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:
	I.- Declarar la nulidad de las declaraciones indagatorias de fs. 733/736, 737/739, 740/742, 752/753, 757/758, 1691/1694, 1695/1698, 1703/1705, 1754/1756, 1847/1849 (artículo 167 del Código Procesal Penal de la Nación).
	II.- Declarar la nulidad parcial del auto de fs. 1850/1876 sólo en sus puntos I al XVI, y en el XVII exclusivamente en lo que atañe al hecho identificado como 10 (artículo 167 del Código Procesal Penal de la Nación).
	III.- Apartar a la Sra. Juez y remitir estas actuaciones al magistrado que le sigue en por orden de turno (artículo 173 del Código Procesal Penal de la Nación).
	IV.- Recomendar el estricto cumplimiento del artículo 207 del Código Procesal Penal de la Nación.
                           Devuélvase, practíquense en primera instancia las notificaciones pertinentes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.- 

Mario Filozof

Julio Marcelo Lucini					Ricardo Matías Pinto	
        - en disidencia -
Ante mí:

Carlos Williams
Secretario de la C.S.J.N.