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Existe una tendencia aparente-
mente irreversible hacia el forta-
lecimiento de la justicia interna-
cional como dispositivo fructífero contra la impunidad ante las graves violaciones a los derechos reconocidos por las naciones civilizadas. Poco a poco y cada vez más, comienzan a ser juzgados ex dictadores y criminales de guerra que en otra hora, hubieran gozado de total exención de responsabilidad penal y civil.
Desde el surgimiento de la Sociedad de las Naciones la comunidad internacional contó con un tribunal preexistente1 que dirimía litigios internacionales. El advenimiento de las Naciones Unidas en el año 1945 provocó que aquel se transformara en la actual Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Pero ésta es competente para resolver sólo controversias entre Estados; no juzga la conducta de individuos.
Sin embargo, han habido experiencias de cortes internacionales que juzgaron la responsabilidad de individuos: los Tribunales de Nuremberg y de Tokio, luego de la 2ª Guerra Mundial, enjuiciaron a los responsables de dicho conflicto. Los jueces fueron designados por los victoriosos de la contienda. Fue un Tribunal de vencedores y no de terceros imparciales el encargado de administrar justicia. Asimismo fue “ex post facto”2 , pues se constituyó luego de la comisión de los delitos.
Justo es reconocer que fue de importancia en el avance de la justicia internacional, que en los nombrados procesos se haya reconocido que los Estados sólo podían actuar a través de individuos y, por lo tanto, los líderes responsables deberían responder ante un tribunal de justicia. Para ello, resulta menester disponer de un tribunal internacional que pueda sentar en el banquillo de los acusados a los presuntos culpables.
Contemporáneamente, y tal como el creado por la cuestión de las masacres en Ruanda, el Consejo de Seguridad, mediante la Resolución 827 del 25 de mayo de 1993 y en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, constituyó un tribunal internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia a partir de 1991. Entre las conductas reprochadas, encontramos aquellas como la tortura; el empleo de armas tóxicas; la devastación y destrucción no justificada por exigencias militares de ciudades, pueblos, viviendas o edificios no defendidos; la toma, destrucción o daño deliberado de
edificios consagrados a la religión; el genocidio, los crímenes contra la humanidad. Y lo impensado ocurre; asi se logró sentar en el banquillo a
un ex jefe de estado, el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic.
Una marcada debilidad del derecho internacional estaba dada por el hecho que no se disponía de organismo alguno de carácter permanente que pueda juzgar responsable al individuo por violaciones del ius gentium3 . Por ello, las personas estaban sujetas sólo a los sistemas judiciales de los países, generalmente sin posibilidad o intención de buscar y responsabilizar a los imputados de crímenes contra la humanidad, en especial si se trataba de órganos estatales de envergadura.
A fin de satisfacer una antigua necesidad, el 17 de julio de 1998 se celebró en Roma la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. Allí se adoptó el estatuto mediante el cual se establece un Tribunal Penal Internacional (TPI) de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas.
Delegaciones de 160 países, 17 organizaciones intergubernamentales, 14 organismos especializados, fondos de las Naciones Unidas y 124 ONG, participaron en esta conferencia con más de un mes de debates. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se adoptó por 120 votos a favor y 7 en contra4 , con 21 abstenciones.

El TPI tendría competencia sobre los crímenes más graves del derecho internacional, entre los que se encuentran los crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y de agresión. El estatuto ha entrado en vigor el 2 de julio de 2001, cuando los primeros sesenta Estados expresaron su consentimiento en obligarse por este tratado.


El Tribunal Penal Internacional
Las características principales del TPI son las siguientes:
El TPI ejercerá competencia respeto a los crímenes de genocidio5 ; crímenes de lesa humanidad6 y crímenes de guerra7 , aunque estos ocurran en conflictos armados no internacionales o hayan sido cometidos independientemente de la existencia de un conflicto armado.
El TPI ejercerá también jurisdicción sobre el crimen de agresión a partir que los Estados Parte aprueben su definición, siete años después de la entrada en vigor del Estatuto.
El TPI sólo podrá llevar a juicio a presuntos autores de crímenes graves comprendidos en el derecho internacional cuando:
- Los crímenes se hubieran cometido en el territorio de un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma.
- El autor de los crímenes sea un ciudadano de un Estado que ha ratificado el Estatuto de Roma.
- Un Estado que no hubiera ratificado



el Estatuto de Roma hace una declaración de aceptación de la competencia de la Corte sobre el crimen del que se trate, comprometiéndose a cooperar posteriormente con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
- El Consejo de Seguridad remite cualquier situación a la Corte, haya ratificado o no el Estado donde se produce el ilícito el Estatuto, si considera que dicha situación amenaza la paz y la seguridad internacionales.
El TPI no será retroactivo, aplicándose sólo a aquellos crímenes cometidos después de su entrada en vigor; es decir, a partir del 2 de Julio de 2002.
El TPI será complementario a los sistemas de justicia nacionales, actuando sólo cuando los Estados sean incapaces o no tengan la voluntad de investigar o juzgar tales crímenes.
El TPI podrá juzgar a individuos mayores de 18 años sin distinción alguna basada en el cargo oficial que ocupen, aún si se trate de un Jefe de Estado o de gobierno, de un representante del Parlamento o de un jefe militar. Éstos serán penalmente responsables por los crímenes cometidos por fuerzas bajo su control y mando y el hecho de que un crimen se haya cometido por una persona bajo las órdenes de un superior, no releva al subalterno de responsabilidad por el delito.
Las actuaciones pueden iniciarse mediante la actuación del Fiscal de la Corte por información de cualquier fuente, por ejemplo, la víctima o su familia; los Estados que han ratificado el Estatuto; el Consejo de Seguridad de la ONU. En éste último caso la Corte tendrá competencia incluso si los crímenes se hubieran cometido en el territorio de un Estado que no haya ratificado el Estatuto de Roma o por un ciudadano de ese Estado.
El TPI es la primer gran oportunidad en la historia de la humanidad: «Esta ocasión histórica da al mundo la posibilidad de disuadir en el futuro a los autores de atrocidades», señaló el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan.


 
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