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El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994, dispone que “Los Tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. Consecuentemente, el concepto “aguas jurisdiccionales”, debe interpretarse como que se trata de la jurisdicción que ejerce el Estado Nacional en las aguas que constituyen nuestro mar territorial, ya descripto, ( véanse el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, el Tratado del Río de la Plata, y el Tratado de Paz y Amistad con Chile, entre otros, además de las disposiciones de la ley 23.968). Por razones de coherencia y significación jurídica, los términos “aguas jurisdiccionales” deben ser reemplazados por aguas territoriales, que son aquellas que constituyen los espacios acuáticos denominados “mar territorial”, lugares estos donde el Estado Nacional ejerce soberanía plena y exclusiva.
La Republica Argentina, mediante la ley Nº 19.865, ratificó en fecha 5/1/72, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del 23/5/69 (que rige desde el 27 de enero de 1980 al depositarse el trigésimo instrumento de ratificación). El artículo 26 de esta Convención establece: “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe; y el artículo 27 dispone:

“El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. De la interpretación de estos dos artículos, surge con claridad la jerarquía que por sobre las leyes internas poseen los Tratados o Convenios Internacionales, máxime teniendo en consideración el carácter supralegal que la Constitución Nacional brinda a los celebrados por el país, que hayan sido objeto de ratificación, y que se encuentren en vigencia.
La problemática que se da en nuestro sistema constitucional a partir de la Reforma de 1994 (supralegalidad de
los convenios internacionales, artículos 75, inciso 22 y concordantes de la C.N.) y la intima vinculación entre el derecho internacional – principalmente el derecho internacional de origen convencional – y el derecho interno, así como lo inherente al monismo, dualismo, tratado autoaplicativo y tratado programático, se encuentra desarrollada en el exhaustivo trabajo del Dr. Raúl H. Guerrero, “La relación entre la noema internacional convencional y la Constitución Nacional luego de su reforma”, publicado en “Doctrina Judicial”, del 15/12/99, pagina 133 a 147, Ed. La Ley, Año XVI, Nº 3, ( Recomendamos al estudiosos que desee profundizar el tema, la consulta del trabajo mencionado, que brinda un amplio y moderno panorama relativo a la cuestión).
Para finalizar el presente comentario debemos recordar que “jurisdicción” proviene del latín “jurisdictio”, que si bien significa acción de decir el derecho, no importa establecerlo, pues esta es la función especifica de los jueces. Además de esta definición etimológica, se entiende por jurisdicción a la extensión y limites del poder de juzgar en un ámbito determinado.

También se confunde el termino con “competencia”, que es la atribución legitima dada a un juez u otra autoridad para el conocimiento y resolución de un asunto. Tanto es así que el Estado Nacional tiene jurisdicción para atender o conocer acerca de un conflicto que se puede producir en un lugar donde ningún estado ejerce soberanía, por ejemplo en alta mar, a bordo de un buque, o bien en una aeronave de pabellón argentino que vuele sobre el mismo.
Como hemos visto, la indebida terminología “aguas jurisdiccionales” que se atribuye a ciertos espacios acuáticos – como erróneamente se consigna a algunos cuerpos legales tales como la Ley de Navegación Nº 20.094 y el Código Aeronáutico, Ley Nº 17.285, entre otros – crea una relevante confusión, que parte de la inexistencia de una definición del concepto de territorio nacional, que es necesario elaborar, a fin de saber a

ciencia cierta en que espacios territoriales el Estado Nacional ejerce jurisdicción. No ayuda el empleo de terminología variada como “mar territorial”, “mar territorial argentino”, “mar epicontinental”, “mar argentino”, “mares adyacentes”, “zócalo continental”, “aguas suprayacentes”, “mares territoriales”, “soberanía”, etc, que encontramos en la legisferancia nacional como meros elementos de utilería gramatical, sin que se precise su alcance etimológico o conceptual; esto ha permitido a los autores coincidan en que la imprecisión etimológica y la falta de esclarecimiento conceptual induzcan a interpretaciones contradictorias1 . Se impone como necesario precisar jurídicamente la dimensión de nuestro territorio nacional para determinar inequívocamente la jurisdicción territorial que nos corresponde y que es inherente al ejercicio de la soberanía del Estado Nacional.2


Sigfredo David Blauzwirn
Abogado. Profesor Titular de Derecho Aeronáutico y Espacial en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Profesor Titular de Derecho de la Navegación en la Facultad de Derecho de la UAI (Universidad Abierta Interamericana). Presidente de la Comisión de Derecho Marítimo y Aeronáutico de la AABA (Asociación de Abogados de Buenos Aires ).


Notas:
1 Ver, Rey Caro, Ernesto, “Estudios de Derecho Internacional”, Ed. Univ. de Córdoba, Pág. 32.
2 Véase el trabajo presentado a las X Jornadas Nacionales de Derecho de la Navegación y del Mar, Córdoba, 1991 por los Dres. Sigfredo D. Blauzwirn y Oscar R. Zappatini, denominado “ Hacia la determinación precisa de la dimensión del territorio nacional y la cuestión de las llamadas “aguas jurisdiccionales” , donde en forma mas amplia y pormenorizada se trata el tema.


 
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