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La proposición gramatical aguas jurisdiccionales resulta confusa y
genera interpretaciones diversas.
En la doctrina argentina ningún autor ha profundizado el estudio de la cuestión, con la salvedad de Ray, que en su “Derecho de la Navegación”, Ed. 1964, Pág. 439, sucintamente al referirse a los espacios acuáticos utiliza la clásica clasificación entre “alta mar” y “otros espacios” como lo son las “aguas interiores”, el “mar territorial”, o la “zona contigua”, etc. Frente a estas clasificaciones de tipo topográfico que hacen referencia a la relación en que se encuentran las aguas con respecto a tierra , el autor citado expresa que esos espacios pueden distinguirse entre “aguas jurisdiccionales”, que comprenden las interiores, el mar territorial y la zona contigua, y la “NO jurisdiccionales”, que en razón de la libertad existente en ellas se conocen como “mar libre”.
Resulta fundamental conocer cuál es la verdadera dimensión de nuestro territorio, que necesariamente debe incluir ciertos aspectos acuáticos adyacentes a sus costas, según las regulaciones de los Convenios Internacionales y de las leyes que se analizarán “infra”.
El Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el 7 de Diciembre de 1944 (Decreto-Ley Nº 15.110/46, ratificado por Ley Nº 13.891), al definir en su artículo 1º el concepto de territorio de un estado, incluye la tierra propiamente dicha, sus aguas territoriales y el espacio aéreo que los cubre. En ese volumen, cuyos límites laterales están constituidos por la proyección vertical de los mismos y que van desde la superficie hasta el espacio aéreo superior, el espacio aéreo sobre el territorio y su mar territo
rial es objeto del ejercicio de la soberanía plena y exclusiva del estado que se trata, elemento político este que reconocen y aceptan los Estados miembros de la comunidad internacional. En síntesis: la soberanía deriva de la existencia de un territorio debidamente determinado, que es donde se ejerce la jurisdicción estatal en forma plena y exclusiva.
Coincidente con lo expuesto, el “Convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del Mar”, ratificado por nuestro país por Ley 24.543- B.O. 25/10/95-, define al mar territorial como aquel que se extiende hasta una anchura de doce millas náuticas a partir de las líneas de base (Art. 3º CNUDM), definidas en el articulo 5º como “líneas de bajamar a lo largo de la costa”. El ejercicio de la jurisdicción en el territorio y en este ámbito acuático y el espacio aéreo que lo cubre, es plena y exclusiva del Estado subyacente, teniendo en cuenta que “la soberanía del Estado ribereño se extiende, mas allá de sus territorios y de sus aguas interiores...” (...) “... a la
franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial...” (...)
“... Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial así como al lecho y al subsuelo de ese mar...” (...) “... y se ejerce con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional.” (CNUDM, ART.2, inc. 1,2 y3)
La Zona Contigua es el espacio acuático que existe entre las doce millas marinas y las veinticuatro millas marinas contadas desde las líneas de base (Art. 33 CNUDM), donde el Estado ribereño tiene jurisdicción para adoptar las medidas necesarias de fiscalización, con el objeto de:
a)Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial;
b)Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial (Art.33, inc. 1, CNUDM).

En cuanto a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) cuya extensión es de 200 millas náuticas medidas desde las líneas de base, la jurisdicción del Estado ribereño es de orden económico, a fin de regular y preservar la utilización y destino de los recursos renovables y no renovables existentes en el área, ya sea en su lecho como en los fondos marinos.

Es de destacar que a los fines de la navegación marítima y la aeronavegación, tanto en la Zona Contigua como en la ZEE, existe la libertad de navegación y de sobrevuelo por ser consideradas como “mar libre”.
En cuanto a la debida delimitación del Territorio Nacional y a fin de conocer exactamente su dimensión geográfica, debemos tener en cuenta lo resuelto en los diversos conflictos de límites con los países vecinos, que se han solucionado en el curso de los últimos años, todo ello sin perjuicio de lo establecido por la Ley Nº 23.968.
En lo que hace al Río de la Plata, la jurisdicción argentina, es decir la soberanía nacional, es la que se extiende desde su límite exterior hasta la línea imaginaria que une Colonia (R.O. Uruguay), con Punta Lara ( Argentina), cuya anchura se han determinado en 7 millas náuticas a contar de las líneas de base, en tanto que desde la línea imaginaria mencionada hasta el paralelo de Punta Gorda, la franja costera se reduce a dos millas náuticas. El Tratado del Río de la Plata, -Ley 20.645, B.O. 28/2/74-, establece que el Río de la Plata se extiende desde el paralelo de Punta Gorda hasta la línea recta que une Punta del Este,- ROU- con la Punta Rasa del Cabo de San Antonio - R.A -, (Art. 1º). A partir de dicha línea imaginaria, que

constituye la desembocadura del Río de la Plata, se computan las doce millas náuticas que conforman el mar territorial de ambos Estados, dentro del océano Atlántico.
La Ley 23.172 – B.O. 30/4/85 – ratifica el Tratado de Paz y Amistad entre los gobiernos de Argentina y Chile celebrado en la ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de 1984. El articulo 8º del Tratado dispone que en el espacio comprendido entre el Cabo de Hornos y el punto más oriental de la Isla de los Estados, los efectos jurídicos del mar territorial quedan limitados en sus relaciones mutuas ( de los estados partes del Tratado), a una franja de tres millas marinas, pero frente a terceros estados podrán las partes invocar la máxima distancia que les permita el derecho internacional, es decir hasta las doce millas náuticas (1NM = 1852 metros = 1 minuto de grado magnético (º) de latitud). En cuanto a los límites terrestres con la República de Chile, su delimitación se ha concretado finalmente en múltiples espacios geográficos, siendo el área del sector Laguna del Desierto, Provincia de Santa Cruz, en las inmediaciones del cerro Fitz Roy, el último de los conflictos limítrofes solucionados en Chile en 1999.
La Ley 23.968, conocida como “ Ley de Líneas de Base”, - B.O. 5/12/91 -, permite determinar con precisión la extensión de los espacios marítimos argentinos modificando e innovando la legislación vigente en la época de su dictado. Tanto es así que el artículo tercero de la cuestión prescribe: “ El mar territorial argentino se extiende hasta una distancia de doce (12) millas marinas a partir de las líneas de base que se establecen en el articulo 1º de la presente ley. Esta artículo 1º dispone que la línea de base a partir de la que se miden los espacios marítimos en nuestro país son las líneas de base normales y de bases rectas, cuyo trazado se encuentra en las Cartas que constituyen los anexos I y II de esta ley. Dispone asimismo que quedan incluidas en las líneas de base las líneas que unen los cabos que forman las bocas de los Golfos de San Matías, Nuevo y San Jorge, al igual que la línea que delimita en forma externa el Río de la Plata ya citada precedentemente. Las aguas situadas en el interior de las líneas de base definidas en el artículo 1º forman parte de las aguas interiores de la República Argentina, artículo 2º, criterio este aceptado por el derecho internacional. Va de suyo que Ley citada reitera y mantiene la metodología que emplea la CNUDM para determinar y fijar las dimensiones de los diversos ámbitos acuáticos.


 
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