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Estado actual
Sin embargo, la extensión no habiendo logrado ni su definición en la institución ni su vinculación con las otras funciones, y habiendo reducido su actividad a la realización de eventos sin una clara intencionalidad, es percibida como una función accesoria, que puede ser suprimida o reducida al mínimo sin afectar el trabajo de la institución, situación que caracteriza el estado actual de su función.
La Ley de Educación Superior, nº 24521, es un claro ejemplo.
Los art. 3º y 4º, del cap. I: de los fines y objetivos, Tit. II: De la Educación Superior, no aluden a la extensión ni como objetivo ni como finalidad, ni explícita ni implícitamente.
En cuanto a qué es y qué actividad abarca, se puede inferir con buena voluntad del:


Tit. II, cap. I, art. 4º Inc. a) Formar científicos, profesionales y técnicos que se caractericen por la solidez de su formación y por su compromiso con la sociedad de la que forman parte. (La indicación «con la sociedad de la que forman parte», denota que se deben a la sociedad, y connota que se espera una devolución visible y concreta desde la extensión a la sociedad que los sustenta o sea actividades que realiza la Universidad en beneficio de la comunidad).
Inc. b) Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.(Si entendemos la enseñanza con adultos como un servicio de enseñanza para los miembros de las clases sociales menos privilegiadas, o sea una de las modalidades de la docencia, podemos inferir una alusión a la extensión).
Inc j) Promover mecanismos asociativos para la resolución de los problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales (Podríamos enunciarlo como interacción creadora entre la Universidad y comunidad a fin de producir las transformaciones necesarias para el logro de una mejor calidad de vida).
Se deduce del:
Tit. II, cap.3, art. 12, inc. b) Participar en la vida de la institución cumpliendo con responsabilidad su función docente, de investigación y de servicio (La alusión a la extensión es directa: se entiende como una obligación de la Universidad desde sus fundamentos y estatutos; como insoslayable obligación de la institución, como compromiso ineludible de sus directivos y vocación de servicio de sus miembros).

Tit. II, cap. 3, art. 14, inc. b) Observar las condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia que estipule la institución a la que pertenecen (En este punto la ley establece una clara diferencia entre los términos estudio e investigación del término trabajo. Intramuros se estudia e investiga (enfáticamente denotado reiteradamente) y extramuros se «trabaja», se extiende, se realizan tareas en beneficio de la comunidad).

Tit. III, cap. I, art. 15, inc. c) Prever como parte de la formación la realización de residencias programadas, sistemas de alternancia u otras formas de prácticas supervisadas, que podrán desarrollarse en las mismas instituciones o en entidades o empresas públicas o privadas (En

este punto se instala otra cuestión, no infrecuente, cuando se trata de deslindar responsabilidades o anexar méritos ¿O es que la delimitación entre la práctica de las actividades de extensión de las actividades de enseñanza-aprendizaje es teórica?, ¿O la extensión es una práctica que al estudiante nada le aporta, lo deja huero, salvo la satisfacción del «deber cumplido», y que sólo tiene valor por el beneficio concreto a la comunidad? Las residencias programadas y las prácticas supervisadas, son esenciales ya que se debe considerar que, por más ingeniosa que sea la propuesta académica, por más orgánico que sea el proceso curricular, por más abundantes que sean los recursos tecnológicos, las cátedras universitarias no podrán reproducir internamente la realidad del medio laboral, «el alumno puesto en situación real» , supone una experiencia de enseñanza-aprendizaje que supera la pedagogía de la acción sustentado en la filosofía de la práxis. Sin embargo visto desde otro ángulo, la Universidad, está prestando un servicio, ya que este es un período en que los estudiantes y docentes encuentra nuevas oportunidades de estudiar, innovar, evaluar, sugerir y operar, en la medida de lo posible, soluciones alternativas ante nuevos problemas/desafíos emergentes en la Institución (sociedad), problemas que una vez identificados podrán ser desarrollados y estudiados en la Universidad, con vistas a un posterior retorno a la comunidad).

Tit. III, cap. I, art.15, inc. f) Establecer mecanismos de cooperación inter-institucional y de recíproca asistencia técnica y académicas. (Generalmente los convenios que realiza la Universidad con otros actores sociales, no pares, tienen el carácter de reciprocidad, cooperación mutua y ayuda bilateral. La Universidad casi siempre obtiene algún beneficio, sea en el campo de sus haceres específicos: la docencia y la investigación; sea en ámbitos de su gravitación política, sea en imagen o posicionamiento. Los otros actores sociales siempre obtienen, también, beneficios: asistencia técnica, resolución de problemas, satisfacción de demandas sociales, etc. Beneficios que pueden ser considerados «servicios de extensión» a la comunidad).

Tit. III, cap. I, art. 16: El Estado nacional podrá apoyar programas de educación superior no universitaria, que se caractericen por la singularidad de su oferta, por su sobresaliente nivel de excelencia, por su carácter experimental y/o por su incidencia local o regional (No es irracional pensar que los programas no deben ser únicamente de docencia e investigación. Por otro lado, y si hablamos de investigación-acción, los límites entre investigación y extensión parecen ser difusos).

Lo expresa clara y precisamente en:
Tit. IV, cap. I art. 28, inc. e) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo y transformación, estudiando en particular los problemas regionales y nacionales y prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la comunidad (legaliza lo obvio).

Tit. IV, cap. I art, 29., inc. e) Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y extensión y servicios a la comunidad.

Tit. IV, cap:III, sec. 3, art. 44) (...) las autoevaluaciones... Abarcarán Las funciones de docencia, investigación y extensión.

Tit. IV, cap. V, art. 62, inc. e) Los medios económicos, el equipamiento y la infraestructura de que efectivamente se disponga para posibilitar el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión.

Aproximación a la Función de Extensión
Se entiende que la extensión universitaria tiene por misión proyectar, en la forma más amplia posible, los conocimientos, estudios e investigaciones de la universidad, para permitir a todos participar de la cultura universitaria y contribuir al desarrollo social y a la elevación del nivel espiritual, moral, intelectual y técnico.
Sin caer en una noción de que toda actividad de investigación y docencia es un «servicio» a la comunidad o enfatizar la autonomía de esta función, considerándola como una actividad que se ejerce paralelamente a la de docencia e investigación, y no a través de ella, constituyéndose en un elemento más o menos diferenciado dentro de la estructura institucional cuyo propósito fundamental es el de dar respuesta específica a las necesidades de una población claramente distinta de la comunidad universitaria, con la que se mantiene una comunicación directa que permite a la Universidad identificar y enunciar las necesidades de esta comunidad.

Cuando la Función se Convierte en Disfunción
En los últimos tiempos y dada la escasez de recursos económicos en la universidad, se plantea el problema de la financiación de las actividades de extensión. Algunos afirman que, para todas las actividades, se debe contar con recursos que aporte la comunidad fuera del mismo presupuesto universitario.
La tarea de extensión puede o no tener retribución por parte de la comunidad. Salvo casos excepcionales donde los costos lo justifiquen, la actividad debe ser afrontada por el presupuesto universitario, al igual que la docencia y la investigación.
Para ello, debe comenzar a figurar en el presupuesto con partidas suficientes y específicas. El cobro por “servicios” puede producir una distorsión en la tarea de extensión o en sus mismos objetivos.
El peligro es convertirse en servidores y dependientes de esas empresas y desatender su verdadera misión. Los aportes empresarios pueden ser muy tentadores y seducir hacia un desvío de la obligación universitaria.
Si bien es correcto que la universidad asesore a una organización industrial o comercial, no es menos cierto que su compromiso es con toda la comunidad. El estar vinculada a la actividad empresaria no la exime de la responsabilidad con el resto de la ciudadanía.

Una Propuesta
Siempre que se habla de extensión universitaria se nota una disparidad de criterios y conceptualizaciones equívocas que se unifican y se tornan unívocas al hablar de docencia e investigación.
La extensión puede constituirse en un objeto de conocimiento fácilmente aprehensible y controlable, evitando la trampa que encierra el afán de encontrar un concepto y una denominación de validez universal. La función de extensión ya cuenta con la infraestructura teórico-conceptual necesaria para fijar sus orientaciones y objetivos, pero requiere precisar sus estrategias y su aparato funcional que le permitan obtener la reubicación y el reconocimiento, como una función sustantiva, al nivel que tienen las funciones de docencia e investigación, con identidad propia y con posibilidades concretas para insertarse en el proyecto social general.
A partir de la práctica de la extensión, de su sistematización y de un trabajo de investigación-acción, se logrará la revalorización y el desarrollo de esta función, despojándola tanto del carácter paternalista, como del ornamental que se le atribuye.

 

Lic. Daniel Airasca


 
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