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Conceptualización y alcance de la libertad de información
Dando cuenta de la complejidad de conceptos que encierra la libertad de información la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encargó de definirla como un concepto que encierra la «facultad jurídica que asiste a toda persona, individual o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y difundir su pensamiento; paralela y correlativamente»16.
Concreta su contenido a través de tres facultades jurídicas básicas:
a) La libertad de buscar información, que implica el acceso a través de las fuentes de información adecuadas a la información y a opiniones de todo tipo.
b) La libertad de difundir información, facultad activa que protege a la persona que transmite la información en el hecho mismo de la difusión así como en la búsqueda y el contenido de la misma.
c) Y la libertad de recibir información contrapartida de la libertad de difundir, que implica la libertad de recibir todo tipo de información e ideas, en principio, transmitidas por los medios de comunicación social. Dicha libertad, resguarda la autonomía de las personas y al mismo tiempo asegura el funcionamiento de la democracia garantizando el libre intercambio de ideas en el ámbito público.

Doble dimensión del Derecho
Remarcando las dos dimensiones que presenta la libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos humanos afirmó en una opinión consultiva17 que de los términos del Pacto de San José de Costa Rica, en especial de lo previsto en su artículo 13, surge que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
El aspecto individual se encuentra fundamentalmente relacionado con el reconocimiento del derecho de toda persona a difundir ideas e informaciones de todo tipo sin sufrir restricciones por parte de otros individuos o del Estado. Se considera que sólo a través de la libertad de expresión, derivación lógica y necesaria de la libertad de pensamiento, será posible que el hombre pueda desarrollar todas sus potencialidades según el criterio de «excelencia humana» que él mismo seleccione y que para poder desarrollar dicha búsqueda será necesario que ninguna persona sea arbitrariamente menoscabada o impedida de manifestar su propio pensamiento por parte del Estado o de terceros.
En su dimensión social la libertad de expresión es considerada como un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Se encuentra relacionada con el derecho de toda la sociedad de recibir tales ideas e informaciones, derecho colectivo en virtud del cual la comunidad toda tiene la facultad de recibir cualquier información y de conocer la expresión del pensamiento ajeno. Así como la libertad de expresión comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias debido a que para el «ciudadano común» es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.
A este respecto se ha entendido que aunque el uso de la información almacenada, procesada o distribuida a través de cualquier medio físico o electrónico, se encuentra tutelada por el derecho de trabajar y ejercer el comercio, de propiedad intelectual, de inviolabilidad de la correspondencia; el productor, gestor y distribuidor de aquella deberán respetar el honor, privacidad y goce completo de los derechos, debiendo impedirse las intromisiones perturbadoras y la inadecuada difusión de datos procesados mediante los modernos adelantos tecnológicos cuando se afecta la esfera íntima, tanto
familiar como personal, haciendo ilusorias las garantías constitucionales18.
Íntimamente relacionada a la dimensión social del derecho, la información y la regulación jurídica que a ella se le brinda, guarda una estrecha relación con el sistema democrático en su totalidad. Según la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia y conforma la «piedra de toque de todas las libertades a las cuales se consagran las Naciones Unidas» y «una de las más sólidas garantías de la democracia moderna»19. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también remarcó a partir del fallo Handyside20, base de los posteriores pronunciamientos europeos, el rol que juega este derecho en una sociedad democrática al afirmar que: «La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres. Por lo que el alcance del mismo resulta válido, no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática»21.

Una nueva rama del derecho
En virtud de la creciente importancia y complejización de la cuestión informativa, ha surgido la necesidad jurídica de una nueva rama del derecho que se ocupe de modo específico de ella.
Surge así el denominado derecho de la comunicación pudiendo concep-tualizarse la misma como aquella que parte del Derecho cuyos principios y normas se hallan destinados a regular los efectos jurídicos derivados del hecho de la comunicación humana.
El mismo es de naturaleza pública, y se inscribe dentro de los “nuevos derechos” o “derechos de las nuevas tecnologías”.

Primera aproximación a sus posibles caracteres
Aún siendo una rama jurídica en formación, los caracteres de la misma se ha perfilado en los siguientes, que puntualizamos y pasamos a exponer brevemente:
Primacía de lo técnico: la norma jurídica está subordinada a lo técnico, ya que el apartarse de lo posible en tal sector, implicaría la virtual inaplicabilidad de la misma.
Dinamismo: ello pues el hecho de las comunicaciones actuales es muy cambiante, por el progreso tecnológico exponencial que registra dicho sector en nuestros días.
De base reglamentaria: la mayoría de sus normas son de nivel sublegal.
Publicidad: casi la totalidad de sus normas son de carácter público. Ello ya que las comunicaciones son un servicio público esencial en la sociedad de hoy, por lo que la materia requiere una regulación de tal naturaleza en virtud de los derechos fundamentales y el interés público comprometido en la misma.



El desafío tecnológico
Como hemos podido exponer, la revolución tecnológica ha redimen-sionado las relaciones entre los hombres. Estamos en una sociedad donde las tecnologías de la información han llegado a ser la figura representativa de nuestra cultura, hasta el punto de que para designar el marco de nuestra convivencia se alude reiteradamente a la expresión «sociedad de la información». Detrás de todo este desarrollo tecnológico descansa la información como objeto de dicha revolución. La información ya era valiosa en el pasado, significaba encontrarse en una situación ventajosa respecto a quienes no la tenían. Pero en el presente su valor se acrecienta, ya que antes no existía la posibilidad de convertir informaciones parciales y dispersas en informaciones en masa y organizadas, de interrelacionar esa información y de procesarla con rapidez, como ocurre hoy, en la sociedad de la información. En definitiva, lo que ocurre es que esa información cada vez aporta más conocimiento, que es lo verdaderamente importante, y que quien dispone de conocimiento tiene poder. Peter F. Drucker señala: «el recurso económico básico, el medio de producción, para utilizar el término de los economistas, ya no es el capital ni los recursos naturales (el suelo de los economistas) ni la mano de obra. Es y será el saber»22.
Dichos cambios políticos, sociales, técnicos y económicos imponen el reconocimiento de nuevos ámbitos jurídicos y el derecho debe evolucionar para dar cabida a las actuales demandas protectivas de la sociedad, en tales sectores.
Así, los derechos a la vida, a la libertad y la propiedad de las personas, como otros, están evolucionado por dichos cambios y demandas. En efecto, antes la vida que sólo se protegía de las diferentes formas de violencia, hoy significa el derecho a disfrutar de ella, a no ser molestado. La libertad, ser libre no sometido, a un derecho a la libertad que garantiza un amplio haz de derechos subjetivos; y la propiedad de bienes materiales, hoy abarca tanto a bienes tangibles como intangibles. Como los propios datos, o el derecho a la correcta imagen que una persona posee.
Asimismo, uno de los aspectos de dicha evolución jurídica, en lo referente al derecho a la información, ha resultado el reconocimiento legal como objeto digno de protección jurídica, de las sensaciones, los pensamientos y las emociones humanas, tras reconocer paulatinamente la extensión de la protección contra los daños provenientes de informaciones inexactas que afectan tales esferas de la subjetividad.
En igual sentido, las emociones humanas se ampliaron al ámbito de la inmunidad personal más allá del propio cuerpo. Se tomó la buena fama, la protección social (leyes de difamación y libelo). Las relaciones de familia del hombre se convirtieron en parte del concepto legal de su vida, y la pérdida de la estima social se consideró un daño compensable. En fin, se reconoció los daños y perjuicios por atentado contra los sentimientos de los padres. De la propiedad material surgieron los derechos inmateriales que resultan de ésta, los llamados productos y procesos de la mente, tales como las obras literarias y artísticas, los secretos industriales y las marcas comerciales23.
Debe tenerse en cuanta, para los futuros desarrollos de esta rama jurídica, que la misma debe partir en su análisis creador, de uno de los fundamentales principios de nuestro derecho: el que establece que todo individuo debe gozar de total protección en su persona y en sus bienes. Del tipo que fueren. Sólo así, partiendo de la protección del ser humano en sus dimensiones más intrínsecas, podrá lograr darse respuestas a la necesidad que el derecho pretende cubrir a través de esta nueva rama.
Máxime cuando, frente a las cada vez mayores repercusiones de las nuevas tecnologías en el derecho, muchos de los problemas que se suscitan no se bastan de las soluciones jurídicas tradicionales, muchas de ellas insuficientes y obsoletas hoy en día, debido a que los conceptos y categorías básicos de la ciencia jurídica que surgieron en la edad moderna y en la codificación, han variado. Ello obliga a tener una actitud reflexiva, crítica y responsable, ante los nuevos problemas que acarrea la tecnología de la información, que torna necesario que los estudiosos del derecho adopten, desde tal perspectiva jurídica, una conciencia tecnológica y se familiaricen con aspectos científicos e informáticos, y les incorporen los necesarios ordenamientos jurídicos, a fin de ponerlos al servicio al hombre y de una sociedad más justa y eficiente24.
Tal es la exigencia a que el derecho deberá responder, por medio de sus nuevas ramas jurídicas25.


Luis R. Carranza Torres
Universidad Abierta Interamericana

Bibliografía
1 Carranza Torres, Luis, Hábeas data: la protección de los datos personales, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2001, pag. 18.
2 Conf. Ruiz Martínez, Esteban, Los informes comerciales y el derecho a la información, Abaco, Buenos Aires, 2000, Pág. 22.
3 Conf. Tofler, La tercera ola, Pág. 24.
4 Carranza Torres, Luis, Práctica del amparo, Alveroni Ediciones, Córdoba, 1998, pag. 153.
5 Véase, a modo de ejemplo, las acciones del gobierno federal y diversos estados de los EEUU, que pueden consultarse en Carranza Torres, José, El juicio a Microsoft: un ejemplo de las leyes antitrust en los EEUU, Semanario jurídico, Nº 1287, del 20 de abril de 2000, pag. 488.
6 Kuhlman, Federico y Alonso, Antonio, Información y telecomunicaciones, Fondo de cultura económica, México 1997, disponible desde: http://www.fce.com.mx.
7 Kuhlman, Federico y Alonso, Antonio, op. cit.
8 Kuhlman, Federico y Alonso, Antonio, op. cit.
9 Con su novela 1984. También podríamos citar a Huxley (Un mundo feliz), Harris (Fatherland), entre otros.
10 Carranza Torres, Luis, Hábeas Data: la protección de los datos personales, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2001, Pág. 20.
11 Pérez Luño, Antonio, Los Derechos Humanos en la Sociedad Tecnológica, Cuadernos y Debates del Centro de Estudios Constituciona es, Madrid, 1989, pag. 138.
12 Kuhlman, Federico y Alonso, Antonio, op. cit.
13 Kuhlman, Federico y Alonso, Antonio, op. cit.
14 Ruiz Martinez, op. cit., Pág. 24.
15 Kuhlman, Federico y Alonso, Antonio, op. cit.
16 Otero, Juan Manuel, Sistemas Internacionales de Protección de la Libertad de Información y sus restricciones, en hppt:// vlex.com/ar/cn/derecho_constitucional/3?p=1.
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Artículos 13 y 19 Convención Americana de Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Cit. por Otero, Juan Manuel, Sistemas Internacionales de Protección de la Libertad de Información y sus restricciones, en hppt:// vlex.com/ar/cn/derecho constitucional/3?p=1.
18 C 1º Cont. Adm. de Córdoba, en autos «Flores c. Pcia. de Córdoba», La Ley Córdoba, 1996, Pág. 316.
19 Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1994, Washington, D.C., 1995.
20 Handyside v. Reino Unido, Corte Europea de Derechos Humanos. Sentencia del 7 de diciembre de 1976.
21 Cit en Otero, Juan Manuel, Sistemas Internacionales de Protección de la Libertad de Información y sus restricciones, en hppt:// vlex.com/ar/cn/derecho_constitucional/3?p=1.
22 Herrera Bravo, Rodolfo, El Derecho en la Sociedad de la Información: Nociones generales sobre el Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en http://www.ctv.es/USERS/mpq/estrado/estrado002.html.
23 Libardo Orlando, La conceptualización de la visión ius-informática del derecho fundamental de la intimidad de las personas. Lleida (esp.), 1999, en http: //www.libardo.50megs.com/derecho publico.
24 Conf., Herrera Bravo, Rodolfo, op. cit.
25 Ya sea que las denomine derecho de la información, de la comunicación, de las nuevas tecnologías, informático, etc.

 
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