Universidad Abierta Interamericana
Inicio Institucional Facultades Cursos y Eventos Bienestar Comunicación Servicios Online Transferencia Investigación ?

* Piratería del software y bancos de datos: Como todo delito contra objetos protegidos por el derecho de autor, requieren inexcusablemente la existencia, en su aspecto subjetivo, del dolo del agente. Se tratan de delitos que involucran bienes jurídicos cuya protección por derechos de autor fue en algún momento, cuestionada.
En efecto, después de la reforma a la ley 11.723 provocada por la ley 25.086 (11) que introduce como objeto de protección de los derechos de autor al art. 1 de dicho cuerpo normativo a “...los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos...” no quedó dudas sobre la tutela de la ley denominada de Propiedad Intelectual sobre tales bienes intangibles.
Dicha modificación cuenta con el antecedente del decreto 165/94 (12) que dispuso que tanto los programas de ordenador como las “obras de base de datos” serían incluidos dentro del art. 1 de la ley 11.723 como obras protegidas y estableció una serie de formalidades para proceder al registro de dichas creaciones. Lamentablemente, cuando dicha norma fue interpuesta para reclamar por el uso no autorizado de software en sede penal resultó insuficiente ya que la jurisprudencia consideró que resultaba inadmisible entender que el mencionado decreto ha venido a definir conductas que antes no se hallaban penalmente reprimidas (13) por lo cual el mentado decreto careció de influencia en la protección penal.
Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia en forma mayoritaria había interpretado que el programa de computación era una obra protegida en los términos de la ley 11.723 (14) por lo que le fue merecida la tutela penal prevista en dicho cuerpo normativo.

* Violaciones a derechos morales y patrimoniales de otros objetos protegidos por el derecho de autor.
Tal como pudimos observar la red global de información se encuentra repleta de bienes protegibles por la ley de Propiedad Intelectual. Tenemos así, obras musicales, literarias, fotográficas, audiovisuales, plásticas, arquitectónicas, planos mapas, entre otros. También podemos encontrar actividades protegidas por los llamados derechos vecinos al derecho de autor, tales como el derecho de los interpretes y de los productores de fonogramas que merecen la tutela de la ley 11.723 y normas complementarias.
Podemos decir, a sólo título ejemplificativo cuáles son los ilícitos que se comenten en violación a los derechos de autor y derechos conexos.
Editar, vender o reproducir una obra musical, texto original, imágenes estáticas y en movimiento, el diseño de una página web como todo su contenido sensible y original, sin autorización. Esta prohibición alcanza a las obras publicadas en la red como las inéditas que fueron obtenidas por violación de códigos de acceso. (art. 72, inc. “a” ley 11.723). Estos actos se llaman vulgarmente “piratería” significando toda reproducción no autorizada de una creación protegida.
Un ejemplo reciente es la noticia de piratas informáticos que lograron obtener de manera fraudulenta ejemplares de la novela de Stephen King publicada únicamente en Internet y pudiendo acceder a ella a cambio de un precio. Los ciberpiratas obtuvieron gratis la obra “Riding de Bullet” y la difundieron gratuitamente al menos en seis sitios distintos (www.lanación.com)
Editar, vender o reproducir alguna obra protegida y editadas suprimiendo o cambiando el nombre de su autor, el título o alterando su texto. Sobre este caso podemos ejemplificar al que interfiere un sitio y altera los colores de las imágenes, se atribuyen la autoría de cualquier creación en el ciberespacio, y cambio de título de cualquier aporte creativo (art. 72, inc “c” ley 11.723). Nos encontramos con el supuesto de “plagio”, un delito típico del derecho de autor que consiste en hacer que aparezca como propio lo que pertenece a otro, y representa la violación al derecho moral de paternidad del titular originario de la obra (art. 52 ley 11.723). También nos encontramos en este supuesto la violación al derecho moral de integridad o respecto de la obra que consiste en la modificación, alteración, supresión de todo o parte de la creación (art. 51 y 52 ley 11.723)
Sin perjuicio de ello, no será ilícito el uso de las obras protegidas por el derecho de autor en la medida que se adecuen a las limitaciones taxativamente impuestas por la ley 11.723, tales como el derecho de cita con fines didácticos y científicos. En consecuencia, es lícito tomar parte de obras ajenas protegidas para realizar, notas, críticas, comentarios para hacer más inteligible el propio o para sostener una investigación.(art.10 ley 11.723). También se provee el uso libre de las noticias de interés general indicando la fuente de ellas (art. 28, ley 11.723), la publicación de retratos con fines didácticos, científicos y de interés cultural estableciendo un plazo para solicitar sin autorización (art. 31 ley 11.723) y los usos de obras musicales o dramáticas para establecimientos de enseñanza y en cumplimiento de dichos fines (art. 36 ley 11723) (15)
También la red es un terreno fértil para la comisión de delitos como los que son contra el honor, promoción y facilitación de la prostitución, violación de secretos, robo, estafa, corrupción de menores, contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, apología del crimen, etc, que serán tratados en otra investigación.

Las contravenciones infor-máticas y el código de convivencia urbana
Hasta ahora hemos analizado conductas que habitualmente cometen personas versadas en temas infor-máticos y acceso a la red las cuales se configuran en delitos cuando son cometidos en forma dolosa.
Todavía no encontramos un ordenamiento represivo que sancione un abanico de conductas culposas que pueden ocasionar daño a cualquier tipo de transmisión de datos por el mal uso de herramientas informáticas y otras alteraciones que no provoquen un daño permanente o disminuya el valor del bien inmaterial. Por ello, la aplicación del principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) y la prohibición de aplicar la analogía con respecto al derecho punitivo nos obliga a centrar nuestra atención a un cuerpo normativo apto para reprimir conductas ilícitas con menor consecuencia que las que establecidas en el Código Penal y leyes especiales.
En este orden de ideas, resulta interesante acercarnos al novel derecho contravencional materializado mediante la sanción del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 10) a fin de buscar, dentro de la materia en estudio, una norma que pueda adecuarse a todo acto lesivo no tipificado en el derecho represivo nacional.

El derecho contravencional sanciona las conductas que, por acción o por omisión, implican un daño o peligro colectivo cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos (Art. 1 Código Contravencional).
Se trata de un derecho de índole penal, dictada por la legislatura local por tratarse de una facultad no delegada a la nación, estableciendo una serie de conductas represivas que atentan contra la convivencia urbana, las cuales se complementan supletoriamente con las disposiciones del Código Penal.
El ámbito de aplicación de dicho cuerpo normativo es el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establece la inimputabilidad de los menores de 18 años salvo para las normas de tránsito que la reduce a la edad mínima para obtener registro (art. 2 C). El código de convivencia recepta todas las garantías y principios constitucionales de la nación y local, como asimismo los tratados internacionales de derechos humanos receptados por la constitución nacional.
En el particular, el art. 44 del citado código bajo el título de «Administración pública y servicios públicos» penaliza “Afectar el funcionamiento de los servicios de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transmisión de datos, bocas de incendio o de desagües públicos; abrir o remover bocas o tapas de los mismos. Admite culpa”.
De acuerdo a su redacción y al principio de culpabilidad consagrada en el art. 5 del mismo código, la forma culposa se encuentra expresamente prevista en la norma.
Sin perjuicio que la mayoría de los servicios enumerados precedentemente aparecen

absorbidos por el art. 194 del Código Penal, en virtud del principio de subsunción entre delito y contravención establecido por el art. 28 del Código Contravencional en tanto dispone que “no hay concurso ideal entre delito y contravención; el ejercicio de la acción penal desplaza al de la acción contravencional”, la sanción a la conducta de afectar el funcionamiento de la transmisión de datos, aparece en forma novedosa en nuestro derecho positivo.
En cuanto a la conducta típica, resulta necesario precisar el término transmisión de datos para luego darle el justo alcance a la norma contravencional.
Las computadoras no sólo almacenan y procesan datos, sino que también transmiten la información entre sí. Estos datos (que pueden ser signos, palabras, sonido, imágenes) protegibles por derechos intelectuales en forma individual o en la selección de los mismos, por medio de la tecnología digital.
Recordemos, que cuando las computadoras se encuentran en red dentro de internet, nos encontramos ante un mecanismo de contínua transmisión de datos entre ellas.
Según Marcelo Vazquez y Gustavo Aboso (16), la norma en análisis alcanza sólo al flujo de la información pero no a la afectación de su almacenaje. Sin embargo, según los mismos autores “en caso de obstruirse el acceso de terceros a bases de datos, a servicios de internet o de transmisión de mensajes (e-mail) prestados por empresas comerciales, se verifica la contravención en estudio”.
Una página web es un sitio interactivo de transmisión de datos en una red pública de libre acceso (internet). Si dicha página misma resulta afectada por cualquier intromisión ilícita, sin llegar a suspender el intercambio de información del sistema, dicha conducta podría encuadrarse dentro de la norma contravencional analizada.
Podemos citar como ejemplo de contravención informática el caso que un grupo de hackers denominado Xteam hackeó el sitio web el día 25 de enero de 1999 cuando se cumplió un año del asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas reemplazando la pagina web del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar) con una proclama de contenido idealista que permaneció durante más de 24 horas antes que el administrador del sitio decidiera removerla. Sin embargo, los hacker mantuvieron un link permanente para quien quisiera consultar la página original de la justicia.
A su vez, la tecnología digital permite que la transmisión recibida pueda ser procesable por otro computador, permitiendo fácilmente la realización de modificaciones, supresiones, adiciones y adaptaciones sobre los datos recibidos, conducta típica de quienes quieren sobresalir y hacerse notar rompiendo barreras.
¿ La apología del hacking es punible? No en la medida que no sean delitos. El código contravencional no admite la apología y tampoco el grado de tentativa en las contravenciones tipificadas en dicho cuerpo normativo.
¿Qué sucede cuando un hacker introduce un virus o produce cualquier afectación a una transmisión de datos por un descuido, negligencia o impericia?



 
Universidad Abierta Interamericana - Tel: (+54) 11 4342-7788 (rotativas) - contacto@uai.edu.ar
Facebook Twitter YouTube RSS UAI Noticias Radio Conexión Abierta

Política de Privacidad - Términos y Condiciones - © Copyright 2017 -- Data Fiscal data fiscal

Para consultas técnicas escriba a Soporteweb@uai.edu.ar