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Un estado al servicio de los ciudadanos

La necesaria reforma de la Administración Pública


La reforma de la Administración Pública pasa necesariamente por acercar las instituciones públicas a la sociedad en general, mostrando su disposición y su capacidad de servir a los ciudadanos. La mejora en todas sus instancias de la Administración Pública es un asunto de todos. En el contexto general, son pocos los países que no mantienen éste entre sus objetivos, bien por la vía de reducción del aparato y transferencia al sector privado de la realización de determinadas actividades (procesos de privatización), o bien por la mejora de la gestión y prestación de los servicios públicos mediante la incorporación de modelos y técnicas propias del ámbito empresarial privado19 y es en este último sentido en el que entendemos que debe avanzarse prioritariamente.


Desde el punto de vista teórico, la tradicional disyuntiva entre Estado Liberal, que se va a preocupar fundamentalmente de la realización del Derecho con una función mínima limitada a asegurar aspectos como la seguridad, libertad y propiedad20, y el Estado Social o del Bienestar, que se configura como un Estado de prestaciones, profundamente involucrado en el devenir de la sociedad, ha ido perdiendo sentido, porque prácticamente no es posible encontrar esferas de actuación en que el actor principal sea sólo uno de ellos21. Sin embargo, como hemos visto, en la práctica esto no es necesariamente entendido así.
La idea que subyace al fenómeno privatizador es que la única forma de hacer más eficiente la Administración requiere dotar a ésta de un componente empresarial y, por lo tanto, gestionarla como una empresa privada, aunque modulada por su carácter público. Se culpa a la administración de perpetuar una cultura “funcionarial”, obsoleta y centrada sobre sí misma, cultura que deberá evolucionar hacia estilos más abiertos, más flexibles, más orientados al mercado y al “cliente” —en este caso, el usuario o el administrado—, más empresarial, en definitiva.
Se habla de racionalización de la gestión y participación de los ciudadanos como claves para la recuperación de la legitimidad administrativa y la confianza de la sociedad, lo que incluye la utilización de las ciencias sociales y de las técnicas de marketing, la constitución de comités de usuarios, la preocupación por la adaptación del servicio público a las necesidades de los ciudadanos22, etc.
Esto significa, ante todo, que la Administración tiene que ser capaz de intensificar sus mecanismos de percepción de la realidad social, intuir su evolución y plantearse su estrategia de cara al futuro bajo unas condiciones más flexibles, que le permitan ir adaptándose, o mejor aún, anticipándose, al cambio social y respondiendo al mismo con eficacia y eficiencia. Entre las variadas tareas que habrán de abordarse para conseguir este objetivo, podrían destacarse23 las siguientes:

 
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