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.A lo largo de los últimos años,
la sociedad occidental ha veni-
do asistiendo a un intenso de
bate en el ámbito de lo público, en el que se le pide al Estado eficacia y eficiencia en su gestión, citándose como ejemplo a seguir el de la empresa privada.
En gran medida, el núcleo de esta discusión ha derivado desde la necesidad de racionalizar el sector público hasta la conveniencia privatizarlo. La intención inicial de mejorar la eficacia del aparato estatal incorporando a la gestión pública la cultura, los modelos, los métodos y las técnicas de gestión propias del sector privado (privatizar lo público en el sentido de hacerlo más parecido a lo privado), ha concluido prácticamente en la cesión al ámbito privado del desarrollo y la gestión de innumerables parcelas de actividad.
El panorama de futuro que se nos esboza es el de un sector público en franco retroceso, lo que está llevando a plantear serias dudas sobre la viabilidad del “estado de bienestar”, máxime en aquellos países donde los niveles de los servicios sociales no habían alcanzado precisamente sus más altas cotas. Muchos ciudadanos se cuestionan si la dinámica privatizadora no nos está llevando a una auténtica “liquidación del sector público”, en el más puro ejercicio de política neoliberal.
De ahí que en este artículo nos planteemos como objetivo precisar qué debe entenderse por “privatización de la gestión pública”, entendida como la exigencia de generalización de un sistema de management de público,
que implique la aplicación de las teorías, modelos y técnicas de la Administración de Empresas a dicho sector.

Algunas disfunciones en la administración pública

El debate para la reforma del sector público

El debate que aboga por la reforma del sector público se inicia en la década de los ochenta y ocupa una gran atención en casi todos los países del mundo, tanto desarrollados como poco desarrollados. En resumen, se propugna un cambio de la Administración que se concreta en el paso a una organización, la más importante en el marco de cualquier estado, prestadora de servicios1, y en este sentido, el reto consiste en poner el aparato del Estado al servicio de sus ciudadanos, lo que constituye una necesidad inexcusable2 desde el momento en que la ineficacia del sector público se configura como una de las razones que pueden poner en crisis las instituciones democráticas3.

Las disfunciones del sector público tienen una tremenda repercusión en la opinión pública; cuestiones como el crecimiento injustificado de la burocracia estatal, la multiplicación de instancias y organismos con competencias indescifrablemente repartidas cuando no solapadas, el aumento del número de funcionarios sin un paralelo crecimiento de la productividad, el incremento del déficit público, etc., ponen al ciudadano medio en la tesitura de pensar si no está costeando con sus impuestos un aparato poco útil y demasiado caro4.
Si a todo ello se añade la proliferación y la difusión pública de numerosos escándalos y casos de corrupción política y administrativa, que han probado cómo el interés público se ha subordinado muchas veces a los intereses privados, queda patente un panorama en el que las organizaciones públicas parecen, como mínimo, ineficaces y, desde luego, no estar al servicio de la sociedad.
Las críticas a la ineficiencia del aparato administrativo provienen de varios niveles5:
a) falta de confianza de los ciudadanos en la Administración, a la que ven innecesariamente distante, indiferente o desconfiada con respecto a sus problemas, o lo que es peor aún, malgastadora y arbitraria;
b) para los gobernantes, es indócil, porque constituye un poder autónomo basado en la permanencia y en la competencia técnica, a menudo antagónico al poder político, pero ineficaz para alcanzar los objetivos que éste le asigna;
c) desde la perspectiva de los funcionarios, hay malestar e insatisfacción por una organización del trabajo y de la responsabilidad que no les motiva adecuadamente;
d) los expertos en la organización pública también coinciden en calificar a la Administración como un monstruo de irracionalidad, una máquina que funciona mal, resulta cara y produce poco, comprometiendo no sólo su propia misión sino también el conjunto de la misma sociedad.
Entre los principales problemas de la Administración Pública, cabría destacar los referidos a continuación.

 
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