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Breve Conclusión para una situación inconclusa.
Con este periplo, se cierra un circuito en el cual el Estado convierte en clandestino un acto voluntario lícito (art. 944 Cod. Civil), desconoce el criterio paterno para disponer lo mejor para el futuro de su hijo (proveer a su formación y protección integral), y adjudica una intención dolosa a los futuros padres adoptivos (“apropiarse” del niño según la doctrina judicial). En consecuencia, el niño será adoptado por quien el Estado disponga, apoyándose en una interpretación, a lo menos mezquina, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Paradójicamente, la doctrina de la Protección Integral se levanta como bandera en estos casos, pero en el interior de este argumento, subyace lo más oscuro de la doctrina de la situación irregular.
Confieso haber sido acérrimo enemigo de la situación “chico puesto”, pues se corre el riesgo de colocar al niño en un lugar de objeto; pero el Estado no ha demostrado ser “mejor padre” para orientar al niño en adopción, y hasta

está en tela de juicio que sea una misión específica tal cometido.
Desde esta perspectiva, debo poner en duda mis convicciones, someterlas a su discusión y inclusive despojarme de ellas, cuando pueden conducir a una injusticia.
La Convención sobre los Derechos del Niño propugna un visión diferente de la sociedad, donde los derechos humanos de la infancia-adolescencia son preeminentes y prioritarios, y en tanto “los niños son buenos para la democracia” (García Méndez) el Estado es sólo garante de la protección de esos derechos y su normal ejercicio.
Pero cuando esta misión se exagera, se cae inevitablemente en un paternalismo estatal, tan peligroso como el abandono que creen descubrir cuando una madre, libremente, decide un mejor provenir para el hijo que no puede cuidar y proteger.
(1)Aclaremos que la vigencia de la ley 10.067, reguladora del Patronato de Menores en la Pcia. de Bs. As., es transitoria, pues esta norma ha sido reemplazada por la ley 12.607, que modifica significativamente los presupuestos procesales que actualmente aplican los Tribunales de Menores. Si la Ley 12.607 no se modifica antes de su entrada en vigencia plena, el problema que motiva esta comunicación habrá sido resuelto mediante la creación de un fuero civil especial del niño y adolescente, que es competente para la sustanciación del trámite de la guarda y la posterior adopción.




Dr. Elbio Ramos
Facultad de Derecho.


 
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