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Para justificar tal afirmación, será conveniente que repase en prieta síntesis la competencia específica de cada Tribunal.
El artículo 10 de la ley 10.067 (1) regula la competencia material de los Tribunales de Menores, y a los efectos de su explicación, se puede distinguir una competencia originaria y otra conexa a ésta última.
La materia originaria está compuesta por los asuntos penales (menores imputados de delitos hasta los 18 años de edad), los casos en que un menor necesita protección del Estado (abandono, maltrato, abuso sexual, etc., de menores hasta los 21 años de edad), y en los supuestos en que un adulto comete una contravención en perjuicio de un menor ( Título III de la ley 10.067).
La materia conexa comprende casos de naturaleza civil, pero únicamente cuando resulta necesario dar certeza a los atributos de la personalidad del menor que ha sido previamente intervenido por el Juez de Menores a raíz de una causa penal o de protección. O sea, las causas civiles que tramitan en un juzgado de menores son excepcionales, y tienen como antecedente necesario una causa penal o protección, que dan sustento o justifican esta competencia civil derivada.
Por su parte, los Tribunales de Familia están organizados y regulada su competencia mediante la ley 11.453; su art. 827, si bien excluye la actuación en los casos propios de los Tribunales de Menores, incluye entre los temas “naturales” del Fuero Familiar la adopción (inciso h), la guarda de personas (inciso ñ) y la protección de personas (inciso t), materias que también corresponden entender a los jueces de menores. La línea divisoria entre ambos fueros, está dada por el carácter excepcional que estos casos tienen cuando entiende a su respecto un juez de menores.
En la práctica, por lo general, estos límites legales son suficientes para que los justiciables sepan donde dirigirse para resolver sus conflictos. Sin embargo, cuando de una guarda con fines adoptivos se trata, los jueces de uno y otro fuero discrepan en aceptar el trámite, especialmente cuando acude un matrimonio a solicitar esta medida luego de recibir una criatura de manos de su madre. Este caso ha confundido a los operadores del sistema familia-menores, y ha motivado la intervención de la Suprema Corte para dirimir los conflictos negativos de competencia.
Organo competente para resolver la guarda adoptiva: La doctrina de la Suprema Corte de Justicia Provincial.

El caso más frecuente que ha originado cuestiones de competencia entre jueces de menores y de familia, está representado por la entrega voluntaria y lícita del hijo menor por parte de su madre o padre, a terceros para que lo adopten. Estos, deseosos de regularizar esta situación, se presentan a pedir la guarda ante el Juez de Familia invocando el art. 317 del Cod. Civil, y los incisos ñ y h del art. 827 C.P.C.C. El Juez de Familia no acepta la competencia por entender que se trata de una situación de abandono propia de los jueces de menores, y estos platean la cuestión de competencia ante la Suprema Corte en tanto el menor no está previamente dispuesto, y además no hay una situación de abandono que justifique la intervención de un juez.Llegado el conflicto al seno del Alto Tribunal provincial, mediante el Acuerdo 67.403 se declaró competente al Tribunal de Menores, haciendo suyos los fundamentos del Procurador General vertidos en el dictamen previo.
Estos son los puntos salientes del dictamen:
1)El consentimiento paterno para la guarda adoptiva del hijo importaría la extinción de la patria potestad, institución de orden público y por ende su contenido es indisponible para los padres (en el caso concreto abdicación “motu propio” de la patria potestad por parte de la madre).
2)Con la guarda y consecuente adopción, se halla comprometida la identidad del niño, sujeto de derechos. Esta sola circunstancia implica por sí sola, una situación de abandono,
3)La adopción es una institución de amparo: brinda al niño una familia de la que carece; por ello debe sustanciarse un proceso tendiente a comprobar esa carencia (abandono según el Procurador General), tarea que la ley 10.067 le encomienda al Juez de Menores.
Este criterio se apoya en el temor de que la justicia civil avale un caso de compraventa de niños, y para desplegar una acción preventiva y desalentar los acuerdos particulares espurios, invierte un viejo principio del derecho: cuando terceros solicitan la guarda de un menor entregado por su madre o padre, la mala fe se presume.
Los jueces de menores, no se sienten obligados por los acuerdos hechos, y aplicando una vieja práctica pretoriana no explicitada (doctrina del “chico puesto”), disponen del niño ordenando su retiro del nuevo hogar, y lo entregan en guarda a personas previamente inscriptas en el Registro de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción (Ac. 2204 S.C.J.B.A.).-

 
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