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a) Guarda administrativa: o denominada también guarda simplemente desmembrada, implica la asunción por parte de un tercero de las obligaciones asistenciales, por lo general la obra social, sin que ello implique la pérdida de contacto del niño con sus padres;
b) Guarda protectoria: Es aquella que tiene por fin el resguardo moral y material de un niño que debe ser separado temporariamente de sus padres, por haber éstos incurrido en hechos que ponen en riesgos la seguridad psicofísica del hijo. Es una guarda propia de los órganos jurisdiccionales.
c) Guarda adoptiva: Implica el desmembramiento definitivo del elemento material de la patria potestad, a fin de que, intervención judicial mediante, el niño pase a integrar una nueva familia. En este sentido, la sentencia de adopción opera como constitutiva de un vínculo, que se ha consolidado a través del tiempo.
d) Guarda de hecho: como alude su denominación, esta se da cuando el desmembramiento se ha producido por un acuerdo tácito o expreso entre los padres o terceros, sea por imposibilidad de aquellos de proveer a los cuidados del menor, u otro motivo atendible y transitorio, sin intervención de los órganos jurisdiccionales o técnico-administrativos.
La ley 24.779 alude específicamente a la guarda adoptiva, pues para su constitución o reconocimiento se exige necesariamente la intervención judicial y la participación de los
padres y los futuros adoptantes en el proceso respectivo.
Sin embargo, al ser la guarda fundamentalmente un hecho, su ejercicio y la consecución de los fines de su reconocimientos, deben ser materia de comprobación y aprobación. Por ello, a mi criterio, toda guarda tiene en su interior, la potencia de convertirse en adopción - aún la de hecho -, si de esta manera se satisface el interés superior del niño (art. 3 de la Convención Sobre Los Derechos Del Niño).
Yendo a la guarda adoptiva, el art. 317 del Cod. Civil establece que el juez debe citar a los padres que han consentido la entrega de su hijo a terceros para su adopción, a fin de conocer los motivos que impulsaron tal decisión, y ratificar de este modo la intención manifestada. Es decir, se le encomienda a la justicia la función de contralor acerca del fin último de esta decisión paterna, de modo tal que un acto de voluntad de personas capaces es sometido a la inspección y aprobación estatal, o sea, una suerte de patronato de estado, pero esta vez de mayores de edad.
Posteriormente, el magistrado debe tomar contacto con los futuros adoptantes y conocer al niño sujeto de estas preocupaciones, recaudos que tienden a reforzar su impresión de los hechos, para tomar una decisión que, a la postre, puede modificar el destino de ese niño. Dentro de sus facultades, está la de conocer a la familia extensa del menor, que a mi criterio debería convertirse en una exigencia legal por imperativo constitucional ( Arts. 5, 7, 8 y 9 de la Convención Sobre Los Derechos Del Niño).
Mediante estas previsiones, y junto a la prohibición expresa de la guarda, escribano mediante, se disminuye significativamente la posibilidad de una apropiación del niño, aprovechándose de las necesidades materiales de su familia, contexto propicio para la venta y tráfico de menores.
Sin embargo, el excesivo celo en el cumplimiento de los fines de la ley, ha colaborado en desacreditar la capacidad de los padres ( en especial la madre) para dejar a sus hijos en manos de quienes estiman idóneos para tal destino. Inclusive, en ciertos casos, se le resta cualquier valor a las manifestaciones paternas en ese sentido, y el Estado toma a su cargo la dirección de la vida de ese niño.
Este es el meollo del problema que nos convoca.

La competencia juridiccional en materia de guarda adoptiva, en la provincia de Buenos Aires.

Un caso que desde la ley resulta tener sencilla solución, se ha convertido en una ardua cuestión.
En efecto, se ha puesto en tela de juicio la competencia del Tribunal de Familia para tramitar la guarda adoptiva, derivándose estos asuntos a los Tribunales de Menores mediante una serie de argumentos que deben ser revisados en su conjunto, pues alguna de sus derivaciones puede dar lugar a soluciones injustas, sobretodo para el niño, principal destinatario de la actividad de estos órganos judiciales.

 
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