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LAS FALSAS DENUNCIAS Y LA INSOLVENCIA PLANIFICADA. EL AUTOR INTELECTUAL.

      En la sociedad se han dado siempre conductas antijurídicas de toda índole susceptibles de encuadre legal, entre muchos otros comportamientos reprochables desde el punto de vista moral.
       Las acciones sancionables se dan también en el seno de la familia, facilitadas por la misma contidianeidad y domesticidad, lo que agrava, atenúa o exime al agente según sean los bienes jurídicos a proteger y los intereses a defender.
       Particularmente en la familia -y con independencia de la residencia de sus miembros- se producen situaciones de violencia, abuso sexual, obstrucción del contacto paterno-filial, como de incumplimiento alimentario y desheredación.
       Dichas (in) conductas ponen en evidencia los graves malestares que puede acusar este ámbito tan templar, y que además repercute en las dimensiones personal y social, respectivamente.
       No obstante, hoy se constata un malestar adicional y cualitativamente diverso constituido por: a) las falsas denuncias tendientes a la exclusión de alguno de los progenitores, generalmente el padre (violencia, abuso sexual) o a presionar, generalmente a la madre (obstrucción) y b) las planificaciones tendientes a la preterición del hijo por alguno de los progenitores, generalmente el padre.
       En algunos casos (violencia, abuso sexual) el denunciado resulta estigmatizado, convertido rápidamente en sospechoso y muy pronto en condenado; en otros (obstrucción del contacto) la denunciada resulta reo por un aventurado capricho mientras que en las planificaciones se da la paradoja de que el incumplidor cumple.
       A pesar de la inexistencia de los hechos las falsas denuncias (violencia, abuso sexual) son acogidas y tienen andamiento, cuya contracara es la desestimación de denuncias verdaderas coincidiendo ambas (falsas y verdaderas) en que se toman indicadores que no son los correctos: se condena por un hecho inexistente y se absuelve por un hecho cometido.
       Ante la inexistencia del hecho (obstrucción del contacto por la madre) siendo el hijo quien no puede contactarse con el progenitor ausente -y no a la inversa-, su contracara es que el denunciante no es denunciable porque la ausencia paterna (padre/madre, generalmente el padre) no es delito.

       Asimismo, las planificaciones perfeccionan el abandono del hijo en lo económico a través del desapoderamiento de bienes, cuya contracara es que el progenitor descastado es alimentario (oficialmente indigente), administrador/usufructuario (en caso de menor solvente) y heredero de su hijo (en caso de premoriencia).
       O sea que en el Derecho de Familia existen ilícitos legalizados (denuncias falsas viables, denuncias verdaderas inviables, insolventación planificada) pero lo crucial es determinar: ¿ Quién es el autor intelectual de las falsas denuncias y de las planificaciones ?.
       Existe sí un denunciante (falsa denuncia), un planificador (insolvencia) y un denunciado (denuncia verdadera) pero la máxima viabilidad de la denuncia infundada, de la planificación y de la defensa en la denuncia fundada, respectivamente la alcanza - por la mayor eficacia conviccional - el experto y no la parte
       Los moduladores del conflicto son los expertos (abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, operadores, etc.). Su praxis va conformando el plexo probatorio (informes, pericias, etc.) que argumentalmente articulan los abogados, a lo que sigue la etapa de resolución.
       Si la mentira no se puede probar cuál es entonces el soporte de la viabilidad de las denuncias falsas? Si la verdad se respalda en la realidad cuál es el soporte de la inviabilidad de denuncias que no son falsas? Si la insolvencia alimentaria y la desheredación están prohibidas cuál es el soporte de la viabilidad de la preterición del hijo?
       En el conflicto de familia -más allá del caso de las denuncias y planificaciones, vgr. tenencia, visitas, alimentos- convergen dos categorías de sujetos: a) las partes y b) los expertos; pero ambos actúan en instancias o planos absolutamente diferentes, inconfundibles e inintercambiables.
       Las partes lo hacen desde la instancia vital (dimensión personal y familiar), transidos emotivamente por el (su) caso, mientras que los expertos lo hacen desde su competencia (praxis), en virtud del status y de las funciones asignadas y asumidas dentro de la configuración institucional de la sociedad.
       Mientras las partes tienen entre sí intereses en pugna atinentes a la relación familiar a través de la (su) responsabilidad individual, los expertos dentro del orden jurídico operan garantizando los mínimos infranqueables para que la sociedad no se deshaga y permanezca, lo que se conecta en cambio con la (su) responsabilidad social.

 
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