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económicos.
       La profundidad de los cambios que imponen estas nuevas condiciones obliga a las organizaciones empresariales (como así también las gubernativas, sindicales, educativas, sociales, etc.) a procesar un reformulamiento de sus objetivos y parámetros de medición.        La creciente participación de las empresas dentro del ámbito de distintos países, e inclusive en algunos casos dentro de más de un bloque económico, ha provocado un cambio en las estructuras de relaciones que se verifican entre las empresas y los estados.
       Los gobiernos estatales van resignando franjas de poder soberano en la medida que delegan ciertas funciones y actividades a partir de acuerdos de emblocamiento, dentro del ámbito nacional dejan franjas de actividad industrial y de servicios en áreas de políticas de privatización que tienden a eficientizar su acción circunscribiéndola a las funciones de seguridad, justicia y, en algunos países, educación y salud.
       Los espacios que dejan los estados privatizadores son ocupados por corporaciones, que pasan así a tener una importancia creciente dentro de la sociedad.
       Pero esa dosis creciente de poder va acompañada por un incremento de las responsabilidades que las organizaciones deben asumir, no sólo respecto de accionistas y empleados, sino ante la sociedad toda.
       Esas nuevas responsabilidades imponen a las organizaciones costos adicionales que deben ser cubiertos sin disminuir la competitividad con que estén operando. Esos costos deben ser solventados sin desmedro de la competitividad: son costos necesarios para permanecer en los negocios, inherentes a las organizaciones de la sociedad poscapitalista, donde los límites de ejercicio del poder que detentan las empresas deben

estar marcados en primera instancia por la supervivencia de la organización.
       Hoy no puede concebirse como única responsabilidad de la empresa la obtención de resultados económicos; éstos pueden constituir su primera responsabilidad, pero de ninguna manera la única.
       El impacto que las empresas provocan en la comunidad obliga a encontrar un cauce para los problemas sociales básicos dentro del área de su competencia, evitando de esa manera, que dichos problemas sociales se transformen en constantes amenazas para la supervivencia del sistema y para las empresas mismas.
       Esta responsabilidad está directamente relacionada con el incremento del poder que dentro del espectro social tiene la organización global, el cual se debe efectivizar a partir de un mayor grado de compromiso de las empresas en la generación de condiciones educativas y sociales que fomenten un fuerte incremento de productividad de quienes realizan tareas de servicios y de producción rutinaria, para luego volcar esa mayor productividad en mejores sueldos, mayor cantidad de fondos destinados a programas de educación globales y a capacitación de su personal, programas de mejoramiento de los aspectos relacionados con la asistencia médica y social del personal y grupo familiar y desarrollo de proveedores.

Dr. Jorge Luis Narváez
Doctor of Philosophy in Business Administration
(PWU – USA)
Contador Público (U.B.A.) y Licenciado en Administración (U.B.A.)
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
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